En la sentencia de primera instancia, el tribunal falló que el acusado es culpable de estos delitos por lo que le impuso la pena expiatoria perpetua de dimisión del estado clerical. El imputado manifestó de inmediato su decisión de no apelar a la sentencia. Por lo tanto, una vez transcurrido el plazo canónico, con fecha 18 de febrero el Administrador Apostólico firmó el decreto que establece el cumplimiento definitivo de esa sentencia.

El Administrador Apostólico manifiesta su solidaridad, ante todo, con quienes fueron víctimas directas de estos graves delitos. También lo hace con toda la comunidad eclesial que experimenta un profundo dolor y desaliento por estos hechos radicalmente contradictorios con la vocación sacerdotal. Al mismo tiempo, agradece a quienes colaboraron en las distintas etapas del proceso. El compromiso con la verdad y la justicia involucra a toda la comunidad eclesial.

El proceso judicial penal fue instruido en marzo del 2019 por mandato de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, luego de que ella fuera informada de la Investigación Previa en que se determinó la verosimilitud de las denuncias. En conformidad al mandato recibido la sentencia con las actas del proceso han sido enviadas a esta instancia de la Sede Apostólica para que tome conocimiento de ellas.

Fuente: Comunicaciones Talca
Talca, 22-02-2021