Declaración del Comité Permanente del Episcopado de Chile sobre la Escuela Nacional Unificada
1.- Un atento estudio del \"Informe sobre Escuela Nacional Unificada, Santiago, febrero 1973\"; los datos que tenemos acerca de la forma cómo ha sido discutido hasta ahora a lo largo del país; y la comprensible sensibilidad de la Iglesia en todo lo que toca a la educación, nos lleva a hacer la siguiente Declaración.
2.- El
Informe tiene, sin lugar a dudas, aspectos positivos que apoyamos sin vacilar. Destacamos dos: el primero, la incorporación de todos los chilenos a un proceso educacional que no discrimina a nadie por su capacidad económica, su condición social o su posición ideológica, y ofrece a todos las mismas opciones de acuerdo a sus diversas capacidades. El segundo, la integración de estudio y trabajo; y la valorización del trabajo físico, como uno de los elementos que contribuyen al pleno desarrollo del hombre y al desarrollo económico y progreso social de la comunidad.
También vemos elementos positivos en la integración al proceso educativo de todas las edades de la vida, respetando el insustituible valor educativo del propio hogar.
3.- Por muy pluralista que se proclama el
informe, no vemos destacados en parte alguna los valores humanos y cristianos que forman parte del patrimonio espiritual de Chile, y a los que adhiere un altísimo porcentaje de los estudiantes y de los padres de familia chilenos.
4.- Los Obispos no podemos dejar de insistir en estos valores \"humanistas\" como son: el respeto al hombre y, en particular, al niño; la libertad de la cultura, la búsqueda de la verdad, y el espíritu crítico y las condiciones reales de su ejercicio; el equilibrio entre los valores materiales que apuntan a la producción y los valores espirituales que contribuyen a la plena realización del hombre, incluyendo entre ellos la posibilidad real de la Fe y de la vida conforme a la Fe.
5.- En cambio, se da por establecido que el país acepta, en forma mayoritaria, un planteamiento que se declara \"socialista, humanista, pluralista\", y revolucionario, en circunstancias de que una parte considerable del país se manifiesta en desacuerdo, o con este planteamiento en sí mismo, o con la forma como se le quiere llevar a la práctica.
6.- En cuanto al procedimiento con que se quiere implantar en Chile la Escuela Nacional Unificada nos llaman la atención dos hechos.
Se invita, por una parte, a una amplia participación de la comunidad en el debate sobre la educación; y, por otra, se restringe ese mismo debate en la práctica a un mínimo y en ocasiones se le excluye, y se insiste en que el proyecto de la ENU se llevará a ejecución de todos modos y en plazos ya rígidamente fijados.
El
Informe presenta, además, dificultades prácticas -a la educación particular, entre otras- y, sin embargo, se insiste en su aplicación inmediata, como si todos los problemas suscitados pudiesen resolverse sobre la marcha.
Ante estos dos hechos las palabras imposición e improvisación vienen a la mente aun sin quererlo.
7.- Debemos creer en la sana intención que anima al Sr. Presidente de la República y al Sr. Ministro de Educación, con quienes hemos conversado cordialmente y a quienes hemos pedido
que se postergue la aplicación de este plan de la ENU, para permitir un amplio debate nacional, serio y constructivo, verdaderamente democrático y pluralista, en que participen -plenamente sin limitaciones y sin apremios- los padres de familia y también los directores y profesores de colegios fiscales y particulares, los alumnos según edad, y todos los organismos nacionales preocupados del destino de Chile.
8.- Un plan de reforma radical del sistema educacional en Chile deberá tener en cuenta, antes que nada, a los padres de familia, a quienes asiste el deber irrenunciable de la educación de sus hijos, y a quienes hay que darles la posibilidad real de ejercer ese derecho y de cumplir ese deber.
La declaración de los Derechos Humanos de la ONU, firmada también por Chile, dice textualmente: \"Los padres de familia son los primeros y principales educadores de sus hijos. Tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de recibir\".
9.- Este mismo plan exige tener una gran claridad en sus fundamentos y en sus objetivos, que deberán corresponder a los puntos de vista y exigencias de la comunidad nacional entera; no de un grupo político determinado, por importante y bien intencionado que sea.
Las personas pasan y los documentos quedan. Siempre hay que pensar en la posibilidad de que otros los usen o los apliquen con un criterio diferente de quienes los redactaron, si el texto mismo no tiene perfecta claridad y precisión.
10.- Veremos, por otra parte, con agrado que se presente el Proyecto de Ley, ya previamente conversado entre el Episcopado chileno -después de haber consultado los organismos respectivos- y representantes del Gobierno sobre el Consejo Nacional de la Educación Particular, que regula en forma que nos parece de mutuo respeto y colaboración, las relaciones entre la Educación particular y el Estado chileno.
11.- Dejamos expresamente constancia de que nuestra intervención en este debate se funda exclusivamente en deberes inherentes a nuestro carácter de Obispos y apóstoles de Jesucristo y trasciende toda posición política partidista. Respetamos a los políticos y a los partidos, pero no nos identificamos con ninguno de ellos y no deseamos que se nos presente como partidarios o adversarios en ese terreno, sino exclusivamente preocupados del presente y futuro de la Iglesia y de los chilenos.
Por el Comité Permanente del Episcopado
† Raúl Cardenal Silva Henríquez
Arzobispo de Santiago
Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile
† Carlos Oviedo Cavada
Obispo Auxiliar de Concepción
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile
Santiago, 27 de marzo de 1973
