“Nuestra convivencia nacional”
1. UNA PERSPECTIVA MORAL Y PASTORAL
Como muchos otros países, se encuentra nuestra patria en
situación de cambio. Buscamos afanosamente dar con un camino nuevo para organizar nuestra vida pública y restablecer nuestras estructuras sociales. El desafío consiste en conservar los
grandes valores que fueron antaño el sustento de nuestra nacionalidad y de nuestra convivencia, integrándonos en un
estatuto jurídico que elimine los defectos o vicios que entorpecieron dicha convivencia en los últimos años.
En un momento así, como en todos los grandes momentos de la vida de nuestra patria, la voz de la Iglesia debe llegar a sus hijos y a todos los hombres de buena voluntad, buscando orientar, iluminando los grandes problemas y las encrucijadas de la hora, con la doctrina del Evangelio.
Al tratar este tema, que interesa a todos los chilenos, y del que han de derivarse decisivas consecuencias para bien o para mal de nuestra patria, no hacemos sino mantener una
tradición siempre existente en Chile, y ejercitar un
derecho que el Concilio recientemente celebrado expresa en estos términos:
“Es de justicia que la Iglesia pueda, en todo momento y en todas partes, enseñar su
doctrina sobre la sociedad y dar su
juicio moral, incluso sobre materias referentes al
orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de las personas” (Gaudium et Spes, 76).
Nos hemos atenido a esta norma invariable, bajo regímenes políticos de los más diversos signos. En virtud de ella, hablamos una vez más, y siempre desde nuestra perspectiva y competencia, exclusivamente
moral y pastoral.
Nuestra intervención es tanto más ineludible cuanto que los nuevos modelos políticos diseñados se insertan en un esquema de pensamiento y de acción que se declara
humanista y cristiano. En tales circunstancias, no cabe duda que la Iglesia tiene una autoridad especial para decir su palabra.
2. EL HUMANISMO CRISTIANO
Hemos escuchado con agrado a Su Excelencia el Presidente de la República reafirmar que la inspiración fundamental de su gobierno es el
humanismo cristiano. Es por lo tanto importante señalar cuáles son, a juicio de la Iglesia, algunos elementos especiales de ese humanismo.
Fundamento de la concepción cristiana del hombre y de la sociedad es nuestra creencia en la
dignidad de la persona humana.
“¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad; le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies"
Así, varios siglos antes de la venida del Señor, veía el Salmista el destino del hombre (Salmo 8).
El Nuevo Testamento es aún más explícito. El hombre, nos dice, es
criatura de Dios,
hijo de Dios,
colaborador de Dios,
heredero de Dios. Podemos afirmar que los derechos humanos fueron promulgados por Dios, antes que por los mismos hombres.
Consecuente con esta enseñanza, la Declaración de Principios del actual Gobierno de Chile reconoce que el hombre tiene derechos naturales anteriores y superiores al Estado, derechos que el Estado debe reconocer y reglamentar en su ejercicio, pero que, no siendo él quien los concede, no puede jamás negarlos.
Esa misma dignidad humana requiere que el hombre actúe siempre según su
conciencia y su libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal. Nunca bajo la presión de un impulso interior ciego, o de una mera coacción externa (Gaudium et Spes, 17).
De aquí también deriva la superioridad del hombre con relación al Estado -reconocida por la Declaración de Principios- y la superioridad del orden de las
personas sobre el orden de las
cosas (Gaudium et Spes, 26). "El orden social", nos advierte el Concilio, "hay que fundado en la verdad, edificado sobre la justicia, vivificado por el amor; pero debe encontrar en la libertad un equilibrio cada día más humano" (ibid.).
Corolario de todo ello es:
"Quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política -e incluso religiosa- deben ser también objeto de nuestro respeto y amor: es necesario distinguir entre el
error, que siempre debe ser rechazado, y
el hombre que yerra, el cual conserva la dignidad de persona, incluso cuando está desviado por ideas falsas o insuficientes" (Gaudium et Spes, 28).
3. EL PODER JUDICIAL Y LOS "DESAPARECIDOS"
Basándose en estos mismos principios, reafirma Su Excelencia "el irrestricto respeto del gobierno que preside, hacia la independencia del Poder Judicial, y el pleno imperio de todas sus resoluciones, clave de un Estado de Derecho" (Discurso del viernes 18 de marzo de 1977).
Adherimos a tan solemne reafirmación de un principio cuya aplicación hemos incesantemente urgido para que nunca poderes oficiales o grupos espontáneos pretendan arrogarse atribuciones indebidas y disponer de la libertad, la propiedad, la honra y la vida de los ciudadanos, al margen de toda ordenación y protección jurídica.
Aprovechamos ahora la oportunidad para pedir respetuosamente al Sr. Presidente de la República que disponga que el gobierno preste a los Tribunales de Justicia toda la cooperación necesaria para que se esclarezca de una vez y para siempre el destino de cada uno de los presuntos
desaparecidos desde el 11 de Septiembre hasta la fecha, sin lo cual no habrá tranquilidad para sus familias, ni verdadera paz en el país, ni quedará limpia la imagen de Chile en el exterior. Si se han cometido abusos o arbitrariedades -a veces inevitables- más vale reconocerlo y arbitrar medidas para que no se repitan. Y si cada uno de los casos denunciados tiene una explicación valedera, el gobierno, al dada, quedará prestigiado ante la opinión chilena y extranjera.
4. PARTIDOS POLITICOS Y CORRIENTES DE OPINION
El Supremo Gobierno ha estimado necesario "poner fin a la existencia de los p
artidos políticos tradicionales", caracterizándolos como "grupos que buscan detentar el poder en su propio beneficio" y "maquinarias para alcanzar el poder, donde un pequeño grupo de dirigentes, sin título ni responsabilidad jurídica alguna, desvirtúan y condicionan la participación popular" (Discurso del viernes 18 de marzo de 1977).
"Dentro de la nueva institucionalidad", afirma, "los partidos políticos pasarán a ser corrientes de opinión que sólo influirán por la calidad moral de sus integrantes y la seriedad de sus planteamientos doctrinarios y prácticos" (ibid.).
Para que un debate sobre la existencia de los partidos políticos o de las
corrientes de opinión sea constructivo y beneficioso para nuestra futura convivencia cívica, nos parece equitativo considerar no sólo los
males y excesos de la lucha partidista -de los cuales nuestro país ha sido víctima en años recientes- sino también los apreciables
frutos que de una sana contienda partidaria se han derivado para nuestra patria en 150 años de vida republicana. La tradición e idiosincrasia profundamente jurídica de nuestra nación, a la que nuestro Gobierno quiere ser fiel, está fuertemente vinculada a la existencia de partidos representativos de las grandes corrientes de pensamiento cívico.
Sería igualmente injusto desconocer el mérito sobresaliente y las grandes virtudes cívicas de innumerables
políticos, quienes, desde O’Higgins hasta hoy, han sido honra y gloria de nuestra historia patria. Es claro que un país puede, en un momento dado, optar por un
modelo político que le parezca más acorde con su genio y su realidad nacional. Pero conforme a la enseñanza de la Iglesia, esa nueva estructuración no puede surgir sino como el fruto de un libre y maduro
consenso nacional, legítimamente expresado.
"Ciertamente", dice el Papa Paulo VI, "las disyuntivas propuestas a la deliberación son cada vez más complejas; las consideraciones que deben tenerse en cuenta, múltiples; la previsión de las consecuencias, aleatoria". "Pero estas dificultades no deben frenar una difusión mayor de la
participación de todos en las deliberaciones, en las decisiones y en su puesta en práctica. Para hacer frente a una tecnocracia creciente, hay que inventar formas de democracia moderna, no solamente dando a cada hombre la posibilidad de informarse y dar su opinión, sino de comprometerse en una responsabilidad común" (Octogesima Adveniens N° 47).
5. DIGNIDAD DE LA POLITICA
La Iglesia no puede reprobar como ambiciosos de poder o reos de subversión a ciudadanos que ejercen el derecho y cumplen el deber de analizar el presente, de proyectar el futuro y de buscar canales jurídicamente organizados para conducir el destino de su patria conforme a sus legítimas convicciones. Ella tiene el más alto concepto de la genuina actividad política. La califica de "arte muy difícil y muy noble", y declara:
"Perfectamente conforme con la naturaleza humana es que se constituyan
estructuras jurídico-políticas que ofrezcan a todos los ciudadanos posibilidades efectivas de
participación, libre y activa, en el establecimiento de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública y en la elección de los gobernantes".
El Magisterio de la Iglesia es constante y claro en urgir a los cristianos su deber en conciencia de
participar en la gestión del bien común:
"La Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la vida pública y aceptan las cargas de este oficio"
A los que sienten esa vocación los invita a:
"Luchar con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo, de un solo hombre o de un solo partido político."
Se les pide consagrarse al servicio de todos, "con caridad y fortaleza política". Se les amonesta que reconozcan la legítima
pluralidad de opiniones temporales discrepantes y respeten a los ciudadanos que, aun agrupados, defienden lealmente su manera de ver. La Iglesia no identifica
actividad política con
ambición de poder en cargo de gobierno o como ciudadano común; incumbe al cristiano una responsabilidad activa de servicio y de caridad social. Por eso pide la Iglesia a los gobernantes que:
"No entorpezcan los cuerpos e instituciones
intermedias, ni los priven de su legítima y constructiva acción, sino más bien los promuevan con libertad y de manera ordenada" (Gaudium et Spes, 74 y 75).
Tales son algunos de los postulados básicos para la existencia de un orden de inspiración
cristiana en la sociedad civil.
6. LA UNIDAD NACIONAL
Las dramáticas experiencias que han desgarrado a la familia chilena ponen en el primer plano de la conciencia de gobernantes y gobernados un comprensible anhelo de orden y tranquilidad social, y un sincero esfuerzo por promover la paz y la unidad nacional. Pero la calidad y la eficacia de los medios para lograrlo suscitan interrogantes.
Hay quienes ven como amenaza a la
unidad nacional el que existan grupos cuyas convicciones político-sociales sean distintas y en algún grado antagónicas. Se inclinan por lo tanto a una erradicación más o menos total, y más o menos confesada, de aquellas actividades, canales de expresión y agrupaciones que supongan pensar el presente y el futuro de la nación de una manera diferente a la que la autoridad preconiza.
Conviene recordar el pensamiento de la Iglesia respecto del legítimo pluralismo que puede y debe existir en el campo de las ideas y agrupaciones político-sociales, como también respecto de la necesidad y forma de obtener la
unidad nacional:
"Son muchos y diferentes los hombres que se encuentran en una comunidad política y pueden con todo derecho inclinarse hacia soluciones diferentes. A fin de que la
pluralidad de pareceres no disuelva la
comunidad política, es indispensable una
autoridad que dirija la acción de todos hacia el bien común, no ya mecánica o despóticamente, sino obrando principalmente como una
fuerza moral, que se basa en la
libertad y en la
responsabilidad de cada uno" (Gaudium et Spes, 74).
En lo que se refiere al pensamiento marxista y a los partidos políticos que en él se inspiran, nos remitimos a lo ya dicho en "Evangelio y Paz" en el mes de septiembre de 1975.
Los caminos de la paz y de la unidad no pasan por la imposición. La unidad -así como la verdad, incluso religiosa- no se impone: se propone, a la adhesión personal, a la convicción íntima.
7. LIBERTAD DE EXPRESION
Queremos dar también nuestra opinión, basada en la doctrina de la Iglesia, sobre medidas -algunas de ellas recientes- que restringen de manera sustancial la libertad de informar y de opinar, sin censura previa. Tales medidas no favorecen la formación de la auténtica
opinión pública, que es requisito indispensable para un
consenso nacional. La unidad de un pueblo descansa en la posibilidad de que a través de canales de expresión, múltiples y operantes, todos los interlocutores válidos puedan decir responsablemente
su parecer, concordante o discrepante, cada vez que se trata de tramos decisivos en el itinerario nacional. Como enseña la Iglesia:
“Allí donde no apareciera manifestación alguna de la opinión pública, allí sobre todo donde hubiera que registrar su real inexistencia, sea cual sea la razón con que se explique su mutismo o su ausencia, se debería ver un vicio, una enfermedad, un mal de la vida social... Ahogar la voz de los ciudadanos, reducirla al silencio forzado, es a los ojos de todo cristiano un atentado contra el derecho natural del hombre, una violación del orden del mundo tal como Dios lo ha establecido” (Pío XII, al Primer Congreso Internacional de la Prensa Católica, 17 de febrero de 1950).
Nos parece un deber de justicia consignar que la inmensa mayoría de los ciudadanos, de las organizaciones gremiales, sindicales y profesionales y de los medios de comunicación social han evidenciado una madurez y una comprensión realista y patriótica, aun cuando han discrepado en los puntos de vista del Gobierno que, a nuestro juicio, los hace acreedores, no a mayores
restricciones, sino a mayores
posibilidades de expresarse y de colaborar así a generar un
consenso auténtico.
Graves podrían ser las consecuencias de estas medidas, no sólo para la imagen que en otros países se tenga sobre la vigencia de los derechos civiles en Chile, sino también para el desarrollo mismo del pensamiento, de la investigación y de la cultura de nuestra patria. La Iglesia, además, no podría en conciencia admitir restricciones que limitaran su legítimo derecho a recibir información y a enseñar su doctrina.
8. LA CONSTITUCION Y LA LEY
Las repetidas acusaciones -e incluso condenaciones- que altas instancias internacionales hacen al Gobierno de Chile de atropellar los derechos humanos, constituyen para todos los chilenos una humillación y un desafío.
No nos cabe duda que hay una campaña internacional en contra de nuestro Gobierno, promovida principalmente por gobiernos y partidos marxistas.
Algunos de los que nos acusan cometen peores atropellos que los que nos reprochan. Todos tendemos a ver mejor "la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio".
Constatamos que nuestro Gobierno se esfuerza por crear un ordenamiento jurídico que dé mayores garantías a los que actualmente son o pudieran ser detenidos en el futuro.
Tomamos nota también de las palabras del Sr. Presidente de la República cuando afirma en su discurso reciente que "no confundirá nunca el autoritarismo con la arbitrariedad o la persecución personal", ni "utilizará norma legal alguna para asfixiar la libertad de pensamiento o de conciencia".
Y sin embargo, creemos que no existirán plenas garantías de respeto a los derechos humanos, mientras el país no tenga una
Constitución, vieja o nueva, ratificada por
sufragio popular. Mientras las leyes no sean dictadas por
legítimos representantes de la ciudadanía. Y mientras
todos los organismos del Estado, desde el más alto hasta el más bajo, no estén
sometidos a la Constitución y a la ley. Tal fue el fundamento de la construcción portaliana, origen de la "tradición e idiosincrasia profundamente jurídica de nuestro país", que el Sr. Presidente de la República reconoce en el mismo discurso.
En ese sentido, las modificaciones introducidas en forma repentina a las propias Actas Constitucionales ya promulgadas por el Gobierno, aparentemente sin consulta previa, ni a la Comisión Constituyente, ni al Consejo de Estado, han causado una preocupación que Su Excelencia "ha estimado oportuno recoger".
Estamos enteramente de acuerdo con Su Excelencia el Presidente de la República cuando manifiesta su opinión de que "toda eventual reforma futura de las Actas Constitucionales vigentes responda a una necesidad jurídica de orden general".
9. LA SITUACION ECONOMICA
Deseamos finalmente expresar nuestra preocupación por la difícil situación que atraviesan tantos chilenos. La Iglesia no tiene competencia técnica en materias económicas: es cierto. Pero de la orientación de la economía derivan problemas morales, y la convivencia nacional -título y tema de este documento- se ve también afectada por la realidad económica del país.
Hemos oído al Sr. Presidente de la República y al Sr. Ministro de Economía palabras de esperanza y el anuncio de un próximo despegue. Queremos sin embargo insistir en que el problema sigue siendo angustioso y urgente.
Urgente, porque para muchas familias, especialmente para las que no tienen trabajo o reciben un sueldo mínimo, las condiciones tan precarias y difíciles en que están viviendo se vuelven casi intolerables. Comprendemos que la reconstrucción económica del país exige grandes sacrificios a todos; sin embargo, los campesinos, los obreros y los pobladores parecen soportar una carga
excesiva y desproporcionada.
Otros, en cambio, ganan dinero sin trabajar, en base a especulaciones, o a intereses usurarios. La Biblia dice sin embargo: "ganarás el pan con el sudor de tu frente", y esa sentencia tiene validez hoy y siempre.
La Iglesia ha condenado la
usura y la ganancia desmedida que privan el pan a los débiles y esa condenación sigue siendo válida.
Recordamos que es contrario a la doctrina social de la Iglesia el construir un modelo de sociedad en que "
el lucro sea el motor esencial del progreso económico, la concurrencia, la ley suprema de la economía y la propiedad privada de los medios de producción, un derecho absoluto" (CS. Obispos de España, febrero de 1977).
El desarrollo de la economía depende de las decisiones tomadas a nivel nacional y el derecho de
participación que defiende la doctrina social católica se aplica también a la economía.
En el campo económico se crea fácilmente una
elite tecnocrática que aspira a reservarse todas las decisiones.
Algunos llegan a creer que las decisiones económicas dependen únicamente de razones
científicas, como si en las ciencias humanas no hubiera variedad de opiniones y de teorías, lo que permite diversidad también de opciones.
Sostener que los problemas económicos no admiten más que
una solución, sin otra alternativa, es establecer el reinado de la ciencia de las elites científicas por sobre las responsabilidades humanas. Es también suponer que las decisiones tomadas se inspiran solamente en
razones científicas y que ninguna
razón dogmática o interés de grupo interviene en tales decisiones. Y no es así: las posiciones doctrinarias y los intereses de grupo pesan a menudo, a veces inconscientemente, en las decisiones tomadas.
En nombre de los derechos humanos, y en nombre del derecho de participación, la Iglesia pide que las diversas opciones económicas sean sometidas a un debate abierto, pide que el acceso a las decisiones y la posibilidad de ejercer presiones no sean reservados a una sola escuela científica, o a algunos grupos económicos más privilegiados. Sin un gran debate nacional, las razones dadas por los especialistas carecen de su plena credibilidad. Suele haber más sabiduría en varias sentencias que discuten entre sí, que en una sola que se afirma a sí misma, dogmáticamente y sin contradicción.
10. UNA VOZ DE ESPERANZA
El discurso del Sr. Presidente de la República el viernes 18 de marzo es una voz de aliento y ha despertado esperanza en mucha gente, borrando en parte las aprensiones dejadas por los acontecimientos anteriores.
Queremos sumar nuestra voz a esta voz alentadora. Expresar nuestro deseo de que termine el clima de emergencia en que hemos vivido durante más de tres años, que se afirme un ordenamiento jurídico aceptado por la gran mayoría del país y que todos los chilenos de buena voluntad sean invitados a participar en forma digna y responsable en la reconstrucción económica y moral de la patria común.
El Comité Permanente del Episcopado
† Juan Francisco Fresno
Presidente de la CECH
Obispo de La Serena
† Raúl Cardenal Silva H.
Arzobispo de Santiago
† Carlos González
Obispo de Talca
† Alejandro Jiménez
Obispo Auxiliar de Talca
Sustituto de Mons. José M. Santos
† Francisco José Cox
Obispo de Chillán
† Bernardino Piñera C.
Obispo de Temuco
Secretario de la Conferencia Episcopal de Chile
Santiago, 25 de marzo de 1977
