Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo concordó plenamente con el planteamiento del Comité Permanente en su preocupación por el tema educativa en nuestro país.
La Iglesia ha dado su parecer en el actual debate sobre la educación mediante la declaración “Educación, familia y pluralismo”. Al reafirmar que tanto el derecho a una educación de calidad como a la libertad de enseñanza son elementos esenciales de un sistema educativo fundado en la libertad, ha querido centrar el debate en el adecuado equilibrio que debe haber entre ambos derechos. En cuanto al primero se señala con claridad que toda persona “tiene el derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patria”. Al explicitar el segundo ha reafirmado “la plena libertad de que debe gozar toda persona – y en el caso de niñas y niños, los padres de familia – para elegir la educación para sus hijos que consideren más conforme a los valores que ellos estiman y que consideran indispensables”, recordando que se trata de un principio que nunca es transable y que es original, primario, insustituible e inalienable, según la enseñanza de la Iglesia.
Asimismo, y esto es muy determinante, se señala que el poder público, en virtud de la justicia distributiva, “debe distribuir las ayudas públicas – que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos – de tal manera, que la totalidad de los padres, al margen de su condición social, puedan escoger, según su conciencia, en medio de una pluralidad de proyectos educativos, las escuelas más adecuadas para sus hijos”, reiterando que ni el propio Estado puede tener la facultad de concederse el mismo “el privilegio y la exclusividad de la educación de los mas pobres, sin menoscabar con ello importantes derechos”. Tal como establece la Constitución hoy en día, la Iglesia reitera que esta libertad de enseñanza debe permanecer consignada en “su concepto, alcance y resguardo, en ese documento jurídico esencial, y no sólo en legislaciones que cambian con el tiempo”.
Un lector atento y que haya seguido el debate educacional, particularmente en su desarrollo en otras naciones con idearios gubernativos similares, no puede sino concluir que el documento es muy claro y aparece en los momento en que precisamente lo que comienza a ponerse en juego es la libertad de Enseñanza por la vía de justificar una mayor intervención de Estado para asegurar el derecho a la calidad de la educación.
Nadie puede sorprenderse de la precisa postura de la Iglesia, porque ella sabe muy bien que el derecho a la libertad de enseñanza es el que termina debilitado cuando desde una concepción ideológica – expresada últimamente en la llamada agenda valorica del gobierno – se interviene en un tema tan complejo como el educativo. A nadie debe sorprender tampoco que existan intereses muy fuertes para disminuir el invaluable aporte de la Iglesia Católica a nuestra educación. Ya pasaron los tiempos de los ataques directos a la Iglesia y a su presencia en la vida de Chile. Hoy se procede de una manera mas soterrada, mediante trabas y dificultades que pueden llegar a ahogar o hacer muy difícil el derecho a la libertad de enseñanza. La Iglesia, sin duda, avizora en el horizonte tales dificultades y por ello sale al paso exponiendo públicamente su pensamiento con valentía y veracidad. Corresponde a los laicos la defensa de este derecho, que es perfectamente compatible con una mejora necesaria de la calidad de la educación, particularmente en el caso de la pública. En este sentido, hay que tener presente que la Federación de Instituciones de Educación particular (FIDE) y la Unión nacional de padres y apoderados (UNAPAC) se han pronunciado en similar sentido. Ya son tres las advertencias que provienen de entidades de reconocido prestigio. Y es que no debe caber duda de que las cosas no están claras en el tema educacional. Pero si la libertad de enseñanza es para lo católicos y para toda persona de buena voluntad un valor, este no es negociable – como ha dicho recientemente el Papa Benedicto XVI- hace falta una mayor reacción en su defensa por parte de los principales afectado, los padres y apoderados, llamados en primer lugar a la educación de los hijos.
Fuente: Comunicaciones San Bernardo
Santiago, 24-07-2006