Carta al director publicada el sábado 29 de marzo de 2014 en El Mercurio.
Fecha: Sábado 29 de Marzo de 2014
Pais: Chile
Ciudad: Santiago
Autor: Mons. Héctor Vargas Bastidas
Señor director:
El Estado, por definición, debe perseguir el interés general, garantizando por igual los derechos ciudadanos. Esta es la verdad de la demanda por una educación pública. Sin embargo, asociar lo estatal a lo público es una falsa generalización. Si bien establecimientos particulares pueden ofrecer educación cumpliendo con este régimen público, no siempre es cierto que el Estado garantice el interés general por medios visibles. El siglo XX, y los estudiantes lo saben bien, fue testigo de Estados represores y adoctrinadores, o que hicieron de sus instituciones medios de un despotismo blando y clientelismo político; donde no faltó la corrupción al poner medios públicos al servicio de enriquecimientos privados o intereses partidarios. Por eso, en el mundo se valora cada vez más un tercer sector de la sociedad: particulares que no buscan lucrar y que persiguen un interés público.
Médicos sin fronteras, Greenpeace, Amnistía Internacional, Caritas, son algunos ejemplos de este sector. Hacemos mal en identificar lo privado con lucro, o Estado con corrupción. No podemos negar el aporte de particulares que, sin perseguir el lucro ni reclamar monopolios estatales, sirven al bien común.
En una sociedad cada vez más plural como la nuestra, concentrar todo el poder educativo, académico y científico y su financiamiento en manos del Estado y “sus” instituciones, podría ser una amenaza seria a la democracia. La razón laica y pública perdería pluralismo y vitalidad. Por eso, lo sabemos bien, ni el Gobierno ni nadie pretende seriamente reducir la educación al solo emprendimiento estatal. Aunque cuando todo se reduce a la consigna de educación pública, no faltan las confusiones.
Del mismo modo, los defensores del lucro en la educación deben sopesar que la lógica económica en este campo solo puede aplicarse muy restrictivamente. Cuando el poder del dinero lo gobierna todo, corremos el riesgo de que todo el poder se concentre en él. Cuando el acceso a una educación de calidad depende del nivel de ingreso de los padres, nos condenamos a vivir en una sociedad segmentada. Sin el Estado como regulador de la sociedad y rector del bien común, la sociedad cae fácilmente en la anomia y en la ley del más fuerte.
La educación es por naturaleza pública, aunque no sea estatal, porque compromete el bien común, el interés público, el mundo que es común a todos nosotros, porque es de todos y para todos. En esta tarea pública y visible todos estamos invitados. En décadas anteriores se hizo idolatría de lo privado y empresarial. Rechacemos ahora la tentación de adorar el ídolo opuesto. La que debe gobernarnos es, justamente, la razón pública. Ella es la que surge cuando la mayor cantidad de personas adultas, con la más profunda intensidad, es capaz de usar su razón ilustrada, autónoma y crítica, para llegar a acuerdos en torno a un interés general, ante el cual todo capricho personal, interés particular o pasión disociadora deben hacerse a un lado.
+ Monseñor Héctor Vargas Bastidas, sdb
Presidente Área Educación
Conferencia Episcopal de Chile
