Carta al director, publicada en El Mercurio, 17 de julio de 2016.
Fecha: Viernes 17 de Julio de 2015
Pais: Chile
Ciudad: Santiago
Autor: Mons. Héctor Vargas Bastidas
Sr. Director,
El Gobierno ha decidido esta semana otorgar gratuidad por ahora solo al 60% de los alumnos más vulnerables de las universidades, pero siempre y cuando estén matriculados en aquellas que forman parte del CRUCH. Una nueva decisión en educación que vuelve a provocar sorpresa, malestar y frustración en un alto porcentaje de familias chilenas, sobre todo en aquellas cuyos hijos no ingresaron a varias de las anteriores por su insuficiente oferta, por sus altos grados de selectividad o sus costos económicos.
Incomprensiblemente, en este 60% tendrán gratuidad alumnos de quintiles superiores al de los excluidos, quienes, valorando que existen universidades privadas sin fines de lucro, que dan garantías de vocación pública y atienden comprometidamente a estudiantes de familias vulnerables, han optado por ellas. No olvidemos que el 70% de los jóvenes en educación superior es primera generación de sus humildes familias en acceder masivamente al sistema.
Toda política pública tiene el deber de considerar el bien de toda la población, sin distinción de clase ni condición. Y si debe hacerse una opción a la hora de priorizar decisiones, esta tendría que considerar a los más pobres, a aquellos que no pueden esperar, aquellos que luchan por una vida mejor y salir del círculo de la privación, y sumarse a los que con su aporte colaboran al desarrollo del país, como es el caso de los estudiantes. Si las finanzas públicas no son suficientes y ello exige una gradualidad en los beneficios, que entonces esta comience justamente desde todos los del quintil inferior.
La evidencia otorgada por varias evaluaciones demuestra que una institución, por el solo hecho de pertenecer al CRUCH o ser privada, no se convierte automáticamente en digna de elogio o condena, de credibilidad o sospecha. Por lo tanto, impedirla a priori de recursos y beneficios solo ahonda la inequidad y la exclusión que justamente la reforma busca eliminar.
Estimamos absolutamente necesario que la autoridad establezca regulaciones y exigencias importantes para distribuir con responsabilidad los recursos que son de todos, y asegurarse de que esos fondos no sean desviados a satisfacer otro tipo de intereses, no siempre acordes con la trasparencia y finalidad. Tal vez por eso, previo al rápido inicio de un tipo de gratuidad por glosa presupuestaria, y en modo ordenado y orgánico, se requiere debatir y legislar la institucionalidad de la educación superior que el país necesita, sin olvidar que más allá de dependencias , lo primero es el bienestar de las personas de todos nuestros jóvenes, su futuro y el del país.
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Héctor Vargas Bastidas, sdb
Obispo de Temuco
Presidente Área Educación
Conferencia Episcopal de Chile