Fecha: Miércoles 28 de Octubre de 2015
Pais: Chile
Ciudad: Santiago
Autor: Mons. Héctor Vargas Bastidas

Antecedentes

• Los esfuerzos del gobierno por implementar una política pública que asegure educación superior gratuita y de calidad a todos los estudiantes, responden a una demanda social frente a un sistema educativo cuyas definiciones y arquitectura se han estructurado en razón del tratamiento de la educación como un bien individual.
• Una educación entendida como un derecho social exige una modificación paradigmática, que sitúe al centro de la discusión sobre educación los intereses colectivos, el crecimiento integral de la sociedad y el desarrollo de las personas, especialmente de aquellos que teniendo las capacidades no han contado con los recursos para ingresar y desarrollar sus estudios superiores.
• Las Universidades Católicas han sido un aporte sustantivo y permanente en esta discusión, a través de la generación de espacios y mecanismos de acceso equitativo de estudiantes talentosos provenientes de contextos vulnerables.
• Una política pública, ambiciosa y compleja como la que supone la implementación de la gratuidad universal en diversas fases debió ser analizada en profundidad, con mayor base en la evidencia internacional, con un programa de refuerzo a la institucionalidad en Educación Superior y con una discusión más amplia sobre sus efectos sistémicos.
• La propuesta para la implementación de la gratuidad en base a la incorporación de una glosa presupuestaria, distrae la deliberación pública y parlamentaria de la dimensión social, ética y política de la reforma, reduciéndola a criterios presupuestarios. Asimismo, condiciona los tiempos para la discusión y que lamentable y objetivamente abre espacios para improvisaciones e incertidumbres que sin duda ni el Ejecutivo ni nadie desea.


Efectos de la política de gratuidad en 2016


Efectos en la autonomía universitaria

• La opción a la gratuidad está lejos de ser una decisión libre para las instituciones con gran numero de estudiantes vulnerables, dado que el no optar significa reducir muchísimo su volumen y, en el corto plazo desaparecer, considerando la falta de competitividad ante la existencia de universidades del Estado que serán gratuitas y con financiamiento para su desarrollo y gestión en todas las áreas.
• Exigir la posibilidad de un determinado régimen de participación institucional y de gestión interna para el financiamiento por gratuidad, se transformaría en una imposición más bien ideológica, que no respetaría ni valora la variedad de proyectos académicos y desconoce la provisión mixta de educación que se dice defender.
• La definición de un arancel regulado y el establecimiento central de cuotas de crecimiento en volumen de matrícula para las instituciones, constituye un fuerte condicionamiento a la autonomía universitaria. Esta regulación se sostiene en restricciones presupuestarias y en el supuesto erróneo de la arbitrariedad de los procesos de toma de decisiones de las universidades, desconociendo la institucionalidad y deliberación de los organismos superiores.

Efectos en las barreras de exclusión

• La implementación de una política de gratuidad para estudiantes vulnerables que, al mismo tiempo, limita la cuota de crecimiento de matrícula, tendrá un efecto paradojal y contradictorio, dado que habrá muchos más estudiantes queriendo ingresar si tienen los talentos académicos y no dispondrán de cupos ni recursos para hacerlo en las instituciones adheridas a la gratuidad.
• La gratuidad solo cubrirá a los estudiantes que no se atrasen en sus estudios y logren sacar sus carreras al día, lo que es irreal si consideramos que más de 2/3 de los estudiantes no cumplen con esta condición y además, es una medida regresiva, si se considera que los estudiantes de menos ingresos son los que tienen una educación básica y media más deficitaria y los que requieren más nivelación. Lo lamentable en cualquier caso es haber sembrado expectativas y esperanzas para los jóvenes y sus familias, que luego no se cumplirán.
• Mantener un límite a la matrícula igual para todas las instituciones que ingresen al sistema, también es discriminatorio territorialmente, perjudicando a los estudiantes de las regiones más pobres del país, los que por su posición socio-económica se ven imposibilitados de migrar a otras regiones a estudiar y deben competir por un cupo en universidades que además tendrán que reducir su crecimiento normal. La Universidad Católica de Temuco, por ejemplo, creció el 2015 en 537 matrículas, equivalentes al 6,6%, con la restricción que se propone solo hubiese incrementado 234 matrículas, es decir, ¿Cómo absorber el incremento en la demanda por el efecto de la gratuidad si además debemos reducir en 303 cupos el crecimiento normal de la demanda?. El 30% promedio es de origen Mapuche.

Efectos en la calidad de las actividades académicas

• Es posible que los aportes ministeriales destinados a cubrir la brecha entre el arancel regulado y el arancel real no resulten suficientes para cubrir los costos de la propia actividad docente, lo que puede actuar en detrimento de la calidad de la docencia, al enfrentar a las instituciones al desafío de reducir los costos de su operación.
• Las Universidades que reciben menos aportes del Estado destinan una porción sustantiva de estos al desarrollo de actividades de investigación. Un déficit operacional derivado de la implementación de la gratuidad puede generar la necesidad de transferencias desde estos aportes para cubrir las brechas, lo que impactaría en las posibilidades de fortalecer esta actividad académica, condicionando las opciones de acreditar esta área.


Efectos en la gobernabilidad institucional

• Los estudiantes cuyo ingreso familiar promedio sea mayor a $154.166 no podrán optar a la Gratuidad, por no pertenecer a los primeros 5 deciles de ingreso. Ello implica que deberán pagar un monto superior al definido por el gobierno para la carrera correspondiente, generando una situación discriminatoria, que no será tolerada por los estudiantes, agregando un nuevo foco de conflicto al interior de cada universidad.
• Las exigencias de una mayor participación por parte de estudiantes y funcionarios en las decisiones institucionales como requisitos para adherir a la gratuidad traerá consigo una presión en las estructuras organizacionales y de gobierno en las instituciones, generando demandas, tensiones y eventuales conflictos.

Efectos en la situación económica de las instituciones

• Se producirá un daño al congelar la matrícula (sólo se puede crecer en un 2,7%), especialmente para los planes de desarrollo de cada institución, que requieren márgenes de inversión sustentables. Asimismo, establecer arbitrariamente un volumen de crecimiento al sistema no representa la realidad de todas las instituciones.
• Las simulaciones van mostrando que en varias universidades se generarían fuertes déficits al implementarse el esquema de gratuidad como lo plantea el MINEDUC. Aún cuando en su discurso ha garantizado que ninguna universidad va a sufrir un deterioro de su presupuesto en relación a lo recibido en el 2015, no existe ninguna certeza, de hecho en las últimas simulaciones hay varias instituciones con déficit considerables, incluyendo a la UC Temuco, que tendría menos 530 millones para el 2016.
• No se ha establecido una fecha para las transferencias del Estado a las instituciones, indicándose sólo que éstas serán parcializadas en cuotas iguales entre la fecha de aprobación del decreto y el mes de diciembre. Se estima que en el mejor de los casos será en mayo y esto implica flujos de caja deficitarios y altos costos financieros que aumentan el riesgo de las instituciones.
• En definitiva, los mecanismos que ha presentado el gobierno para solventar los costos de gratuidad de las instituciones de educación superior no han sido lo suficientemente aclaratorios y como estas instituciones de derecho público trabajan con márgenes de operación muy bajos, se pone en riesgo la viabilidad de los proyectos, implicando que algunas no puedan participar y otorgar este beneficio a sus estudiantes.


Propuestas para avanzar en la gratuidad

Si bien se entiende que este nuevo escenario implica la existencia de tensiones y de ajustes internos en la institución, se presentan las siguientes sugerencias para que la puesta en marcha de la gratuidad a contar del 2016, no ocasione un desequilibrio en el funcionamiento institucional y un riesgo a los proyectos académicos.

• Para las instituciones que cuentan con un importante volumen de estudiantes pertenecientes a la población de mayor vulnerabilidad resulta necesario avanzar rápidamente a la cobertura del 6to decil, evitando el conflicto derivado de condiciones discriminatorias en el financiamiento para estudiantes con realidades económicas similares.
• Entendiendo la limitación presupuestaria del Estado -que hace comprensible una restricción a la matrícula-consideramos que no se debería afectar el desarrollo natural de las instituciones, por lo que se debiese considerar que el límite afecte solamente al crecimiento en gratuidad y que se estime de acuerdo a las necesidades reales de cada región según sus índices de pobreza y la demanda de los estudiantes que cumplen con las condiciones solicitadas.
• La glosa presupuestaria presenta una fuerte caída en el Fondo Solidario de Crédito (92%) y una disminución general de las Becas para Educación Superior (52%) desde donde se derivaron recursos para el Financiamiento de Acceso Gratuito. Debiera estudiarse si esta disminución permite enfrentar los requerimientos de recursos de los estudiantes que no logren culminar sus carreras al día, considerando que menos de un tercio de los alumnos cumple este requisito.
• Para asegurar la adecuada operación de las instituciones resulta indispensable que se cumpla el compromiso ministerial de que ninguna institución reciba menos aportes de los que actualmente recibe, concretándose para ello las reuniones bilaterales con los rectores para el cálculo de las brechas y estableciendo un compromiso formal y por escrito.
• En este mismo sentido, el cálculo del arancel regulado debiera incorporar un factor de sensibilización asociado al emplazamiento territorial de las instituciones, que reconozca los costos diferenciales de formar a un estudiante en regiones, con mayores recursos asociados a apoyos estudiantiles y procesos de nivelación. Esto constituiría un mecanismo de compensación de las inequidades que hoy se mantienen entre las instituciones del sistema.
• Para evitar el perjudicial efecto que producen los tiempos requeridos para el cálculo oficial del nivel de aporte a cada institución, debiese otorgarse anticipadamente (desde enero) cuotas mensuales que permitan el soporte económico de las operaciones y que luego se ajusten con el cálculo oficial. Esto no debiese generar ningún perjuicio a la implementación de la medida, debido a que no modifica el presupuesto y los montos anticipados son significativamente inferiores al monto total otorgado a cada institución, anulando el riesgo de caer en un exceso en el aporte.
• Finalmente, resulta necesario que el Ministerio cumpla con sus obligaciones y compromisos en el financiamiento adecuado de todas funciones académicas de las universidades que aportan bienes científicos y técnicos al desarrollo de la sociedad. El Aporte Fiscal Directo es un mecanismo relevante para esto, por lo que se espera que su reajuste en un 5% anual, comprometido por el gobierno a partir del 2012(2012-2021) e interrumpido en 2015, se restablezca evitando el grave perjuicio a la calidad de la universidades públicas.